La Academia Nacional de Medicina hizo pública su preocupación por el “Protocolo para la atención integral de personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”, por lo que le reclamó al ministro de Salud de la Nación que se expida sobre su validez y alcances.
En una declaración dada a conocer tras el último plenario, y difundida por el boletín electrónico Notivida, la ANM se refirió a la objeción de conciencia de los profesionales de la salud, entre otros puntos del instructivo.
“La profesión médica -dice la Academia- enfrenta al médico con situaciones en las cuales entran en conflicto los valores, en este caso el valor de la vida, que debe ser respetada desde el inicio. El médico se enfrenta día a día a situaciones que implican juicios de valor” y recordó “el derecho de los médicos a actuar en el ejercicio de la profesión con total libertad de conciencia, acorde a sus principios éticos y conocimientos científicos y en la medida que no vulnere derechos de otras personas”.
La ANM advirtió que el Protocolo “carece de validez legal” porque “no es una resolución ni una disposición del Ministerio de Salud”.
Asimismo, alertó a “la ciudadanía, a las instituciones médicas y sociales, a los colegios médicos, a las instituciones judiciales y religiosas, sobre recomendaciones que están en contra de los principios más fundamentales de la práctica médica y de la defensa de la vida”.
La Academia efectuó un “reclamo formal a las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación para que se expidan sobre la validez y alcances de este Protocolo que ha determinado procedimientos médicos, y forzado acciones médicas reñidas con la ética y con la ley”.
La declaración de la ANM se suma a las difundidas en igual sentido por las Academias de Derecho y Ciencias Sociales, de Ciencias Morales y Políticas y la Academia del Plata, entre otras prestigiosas instituciones.
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