Un Estado fracasa cuando permite que los fuertes maltraten a los débiles, cuando acepta un delito como un derecho, cuando promueve con fondos públicos el atropello de unos sobre otros.
Un Estado fracasa, por lo tanto, cuando legaliza la injusticia. Y un Estado fracasado necesita urgentemente curas adecuadas, sobre todo una buena dosis de honestidad, desde hombres y mujeres dispuestos a dar lo mejor de sí mismos para recuperar un principio básico en la vida social: el respeto de los derechos fundamentales de todos y de cada uno.
En el mundo actual muchos Estados han fracasado por haber despenalizado o legalizado el aborto. De este modo, se permite en la vida social que unos, los adultos, puedan decidir sobre la vida o la muerte de otros, los seres humanos más pequeños e indefensos, los hijos en el seno de sus madres.
Años y años de aborto legalizado han creado una cierta dureza en los corazones, hasta el punto de que muchos no perciben ya la tragedia que se vive con el aborto. Prefieren mirar a otro lado, si es que no llegan a aplaudir cualquier medida represiva que sirva para sostener el “derecho” al aborto frente a quienes denuncian la injusticia que se comete en el mismo.
Frente a esta situación, hay que recordar una y mil veces los principios básicos para promover Estados justos y sanos. Entre ellos, uno de los más urgentes consiste en tutelar y defender la vida de cada ser humano, sin discriminaciones.
Luchar eficazmente contra las diversas formas de aborto legalizado permitirá que pronto haya Estados que reconozcan y rechacen la injusticia que han promovido durante no pocos años, y que pongan un remedio decisivo para que el aborto sea visto en toda su crudeza. Sólo entonces darán pasos concretos para defender la vida de los hijos antes del parto y para ayudar a miles de mujeres en dificultad, que nunca abortarían si encontrasen a su alrededor sociedades más justas y corazones dispuestos a ayudarlas en su vocación maravillosa a la maternidad. FP
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