Ética ambiental y desarrollo…

La conservación del medio ambiente es un factor crítico para la supervivencia y el desarrollo futuro del género humano. En la medida que, para satisfacer sus necesidades, la humanidad no es sólo capaz de dominar la naturaleza, sino de alterar sus ciclos vitales, se impone la redefinición del concepto mismo de desarrollo en función de dos consideraciones centrales. Por un lado, la caducidad de los recursos naturales y del entorno físico en que ocurre la actividad humana.

Y por otro lado, el imperativo de que el intercambio energético entre el hombre y su medio natural no rebase los límites que establece el proceso de regeneración de la propia naturaleza.

De acuerdo con los consensos construidos en el seno de las Naciones Unidas desde 1972, se entiende por desarrollo sustentable un proceso de satisfacción de las necesidades del presente que no compromete la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias. El desarrollo sustentable presupone, por tanto, la adopción de una amplia gama de paradigmas económicos, sociales y tecnológicos, según los cuales el desarrollo debe conciliarse con la utilización racional de los recursos naturales disponibles.

La causa del desarrollo sustentable plantea importantes desafíos, tanto a los gobiernos como a las empresas y la sociedad en general. Las sociedades, desde luego, deben hacer suyos los valores asociados con el desarrollo sustentable y ello significa asumir las implicaciones éticas en lo concerniente a la revisión de sus pautas de bienestar y modelos de vida. La civilización contemporánea enfrenta la necesidad de desarrollar modalidades distintas de relación con la naturaleza. Debe trascender las visiones puramente instrumentales y entender que una relación respetuosa con la naturaleza es una premisa de la realización humana, tanto en su dimensión material como espiritual.

Para los gobiernos, el reto consiste en hacer del desarrollo sustentable un eje transversal de todas las políticas públicas vinculadas con la estrategia del desarrollo económico y social. Ya sea que pensemos en política comercial, industrial y educativa o en aspectos tan puntuales como la orientación y la magnitud del presupuesto, la sustentabilidad es un referente necesario.

Asimismo, la acción del poder público debe partir de la idea de que el desarrollo sustentable no puede ser el resultado espontáneo de las fuerzas del mercado, pero tampoco puede ser de una regulación estatal que opere al margen o en contradicción con la racionalidad de la economía de mercado. Se trata de crear un mecanismo de disuasión y estímulo que cuente con la fuerza del Estado para garantizar su funcionalidad, pero qué, de manera simultánea cree condiciones de mercado que hagan las opciones ambientales racionales, opciones económicamente viables.

Con todo, no se debe ignorar lo que el desarrollo sustentable significa para las empresas. En tanto actores centrales de la actividad generadora de riqueza, las empresas son el agente social que de modo más directo se relaciona con el proceso de interacción con la naturaleza. Así, desde la óptica de la responsabilidad social empresarial, el ingrediente medioambiental es clave. De hecho, en el capítulo 4 de la Agenda 21 de la Cumbre de Río –1992– se formulan los conceptos de producción y consumo sustentables. Mientras el consumo sustentable se refiere al imperativo de modificación de patrones a partir de los cuales se define el bienestar y la idea de una ‘buena vida’, la producción sustentable pone el énfasis en la necesidad de que los procesos de extracción, transformación y aprovechamiento de los recursos naturales sean expresión de una actitud renovada ante la naturaleza.

Más en específico, no sólo se trata de que los actores económicos cumplan a cabalidad con las leyes y normas ambientales, por ejemplo, en materia de manejo de residuos o de control de emisiones; ello representa, a fin de cuentas, el cumplimiento de una obligación elemental. La responsabilidad social de las empresas va más lejos y se relaciona con la manera en que éstas consideran las variables ecológicas en el diseño de sus estrategias de negocio. La adopción de los criterios de la ecoeficiencia ilustra con claridad esta idea. La toma de decisiones tecnológicas ambientalmente amigables.

Una nueva ética ambiental no está reñida con el desarrollo; lejos de ello, inaugura otras vías.

Por un lado, los recursos canalizados a la reconversión ambiental de las actividades productivas representan una inversión susceptible de generar ventajas competitivas. El cumplimiento de la normatividad ambiental, indispensable para acceder a los mercados, promueve la innovación continua y la adopción de los criterios de la ecoeficiencia –por ejemplo, uso de energías alternativas, nuevas tecnologías, disminución de desperdicios, y el reciclamiento–.

Por otro lado, el cumplimiento de las normas ecológicas es capaz de inducir la aparición de nuevos sectores de negocio, tales como el procesamiento de desperdicios y el reciclaje de recursos ya utilizados, la consultoría en materia ambiental, la producción de tecnologías amigables con el entorno ecológico y la fabricación, instalación y operación de equipos anticontaminantes y de tratamiento de residuos, entre otros.

Se requiere una visión de largo plazo. Para una empresa socialmente responsable, los recursos naturales no deben ser vistos como botín, sino como un patrimonio que hay que cuidar y preservar en beneficio del sustento de las futuras generaciones y de las propias empresas. Tampoco la satisfacción de las normas ambientales debe ser vista como una carga ni una fuente de costos, sino como una inversión. Con base en una nueva ética de relación con la naturaleza, las empresas socialmente responsables deben ser pioneras y abrir nuevos caminos al desarrollo. PJGG