La mayoría de
las leyes que permiten el aborto establecen una serie de trámites que deben ser
realizados antes de acoger la petición de quien desea abortar.
Por ejemplo, a
veces se debe realizar un análisis para conocer el tiempo de embarazo, el
número de semanas de vida del embrión o feto; según el resultado, se permite o
se prohíbe el aborto. En otras leyes, se exige recurrir a una especie de consultorio
para la mujer, con el fin de dialogar con ella y ver cuáles son sus
motivaciones o problemas y si existan alternativas al aborto. En algunos casos,
se solicita un certificado psicológico que compruebe la situación de angustia o
la existencia de traumas, certificado que permitiría realizar el aborto en
pleno respeto de la “legalidad” vigente.
A pesar de
estas leyes, la gente percibe, y a veces la prensa denuncia, que no se respetan
las normas ni los trámites que han sido establecidos para que se dé un “aborto
legal”.
En ocasiones,
surge la protesta ante los abortos realizados “fuera de la ley”. ¿Qué pensar de
una clínica en la que, sin consultar con ningún psicólogo, se usan certificados
ya firmados previamente por algún titulado en psiquiatría? ¿Cómo juzgar lo que
ocurre en otros lugares donde no se ofrece ninguna alternativa al aborto a
pesar de que la ley lo exija?
Ante estos
escándalos, algunos piden que se respeten las leyes, que se apliquen las
medidas previstas para disuadir a la mujer, para ayudarla, para permitirle un
parto más sereno. Si luego, después de todo, ella insiste en pedir el aborto,
habría que respetar la normativa vigente para que todo sea “legal”.
El deseo,
incluso la exigencia de que se respeten las normas ante el aborto nace, en ocasiones,
de una intención buena: usar los instrumentos previstos por la ley para que el
aborto no se convierta en algo trivial, y para que no se salten normativas que
habían sido pensadas precisamente para disminuir el número de abortos.
Pero, en
realidad, los engaños y trucos de algunas clínicas abortistas, los certificados
preparados de antemano, la violación de las normas de garantía que salvarían
(hipotéticamente) la vida de muchos hijos, son parte de la misma mentalidad a
favor del aborto, son un instrumento “coherente” con el mismo hecho del aborto.
Porque si todo
aborto es un crimen, en cuanto elimina la vida de un hijo antes de nacer, ¿cómo
exigir a quien comete abortos que respete otras normas legales, cuando ya en su
corazón y desde sus manos va contra un principio básico de la vida social, que
consiste en el respeto de la vida de los inocentes?
En otras
palabras, violar las normas que regulan el aborto es, simplemente, vivir en la
mentalidad abortista, acoger y practicar la cultura en la que vence el deseo
del mal por encima de la justicia, de la solidaridad, de la ayuda a los
indefensos (a la madre y a su hijo).
No tiene
sentido, por lo tanto, vigilar y exigir que se respeten las leyes que regulan
el aborto, porque lo único que reflejan esas leyes es una mentalidad en la cual
se prepara el gesto que permite la injusticia como si fuera un derecho. FP
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